En sus últimos 11 meses de gestión, a Joseph Biden le estalla otra polémica. Una demanda acusó al Departamento del Estado Norteamericano de violar los derechos de la Primera Enmienda al utilizar fondos públicos para financiar empresas privadas encargadas de censurar medios de comunicación “opositores, de derecha y liberales”.
La demanda señala que la agencia federal ha utilizado ilícitamente “empresas de censura que apuntan a la prensa estadounidense” que difaman selectivamente a organizaciones de noticias como “proveedoras de ‘desinformación'”.
The Federalist y el Daily Wire, dos medios afectados, presentaron la denuncia en conjunto ante el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la New Civil Liberties Alliance, una organización de derechos civiles sin fines de lucro.
La demanda afirma que la administración del presidente Biden ha utilizado fondos de los contribuyentes para financiar a empresas de censura mediante el servicio de “verificación de hechos”, incluidas NewsGuard y el Índice Global de Desinformación (GDI), que tienen vínculos con los principales medios de comunicación alternativos tales como Facebook, Instagram, Youtube y TikTok.
NewsGuard y GDI son “empresas de censura promovidas por el gobierno” que han privado a los sitios de noticias de tendencia opositora “de ingresos publicitarios y han reducido la circulación de sus informes y discursos”. Estas firmas califican a sitios de noticias como “riesgosos” y “menos riesgosos” a través de una “evaluación de riesgos de desinformación”.
Los dos sitios denunciantes están en la lista de los 10 más riesgosos. “Estas entidades generan listas negras de medios de noticias estadounidenses aparentemente riesgosos o poco confiables con el fin de desacreditar y desmonetizar a la prensa desfavorecedora y redirigir dinero y audiencias a organizaciones de noticias que publican puntos de vista favorecedores”, detalla la denuncia.
El costo de esta herramienta de censura, según el medio The Federalist, es de U$SD 750.000. Esta cifra fue “blanqueada” por la firma NewGuard como una “donación” en su informe de impacto social de 2021. A razón de “una subvención a través del programa de Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas, que financia empresas en etapa inicial para desarrollar productos y tecnologías que pueden ser útiles para el gobierno“.
LA RESPUESTA DE NEWSGUARD Y EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE
Ante la repercusión, un portavoz de NewsGuard desestimó las acusaciones y minimizó la demanda alegando que es “inexacta” la relación que afirma existe entre el Departamento de Estado y la firma que representa. “NewsGuard no ofrece ninguna tecnología que censure o bloquee ningún contenido, o que bloquee anuncios en el contenido”, afirmó.
“En cambio, proporcionamos información (nuestras evaluaciones de sitios) para que nuestros clientes puedan decidir por sí mismos dónde colocar sus anuncios o qué contenido amplificar, y cada cliente decide por sí mismo cómo utilizar esos datos”, sostuvo en diálogo con el medio The Post.
En tanto, un vocero del Departamento de Estado comentó: “Como cuestión general, no hacemos comentarios sobre litigios pendientes”. “No existe un poder general enumerado para censurar el discurso o la prensa en la Constitución de los Estados Unidos, y la Primera Enmienda lo prohíbe expresamente”, cerró.
