El gobierno de Javier Milei redobla su apuesta de auditar el gasto de las universidades públicas y apunta a los convenios interadministrativos que se ejecutaron durante la presidencia de Alberto Fernández. De acuerdo a lo detallado por el Ejecutivo, estos serían, al menos, 306 contratos presuntamente ya resueltos.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), comandada por Miguel Blanco revisará los convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre del 2019 hasta la misma fecha del 2023; es decir, todas las que fueron ejecutadas durante el gobierno anterior. Los gastos que estos demandaron ya fueron debitados de las arcas del Estado y van desde los 2 millones hasta los 170 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación del periodista Bruno Yacono, “no se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos”.
“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, precisaron desde el Gobierno. Puntualmente, lo que se busca determinar es si, efectivamente, se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio e, incluso, si hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.
Entre las instituciones educativas contratas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
