Dirigentes y manifestantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales para que estos participen activamente de las convocatorias callejeras contra el Gobierno nacional. Además, también se está investigando la venta ilícita de alimentos y productos distribuidos por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social).
De acuerdo a lo expresado por las fuentes oficiales, se ejecutaron 27 órdenes de allanamientos a los principales dirigentes del Polo Obrero, Movimiento Evita y Barrios de Pie. Esta investigación inició a raíz de una presentación del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, donde registraron varias denuncias de beneficiarios de planes sociales que fueron amenazados por los grupos piqueteros.
Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo investigación el accionar del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Aunque se realizaron 27 allanamientos, las denuncias serían aproximadamente 1000, según expresó la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal: “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, describe la decisión que firmó la semana anterior la misma Sala.
Ante las denuncias, el Tribunal indicó que “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.
