A poco más de un mes de asumir como presidente de la Nación, Javier Milei es alcanzado por otra polémica. En este caso, sus propios empleados de Prensa denunciaron manejos irregulares en las contrataciones del Ejecutivo.
El área de Prensa, que se encarga de las producciones audiovisuales más importantes a nivel comunicacional del Gobierno, está atravesando uno de sus peores momentos. Los trabajadores fueron apartados abruptamente, pocos de manera gradual, de casi el total de sus tareas y reemplazados de manera informal, pero precisa, por el equipo de La Corte que pertenece al Grupo Indalo.
- Dato: El Grupo Indalo pertenece a Cristóbal López, unos de los empresarios kirchneristas más reconocidos a nivel nacional por tener en su poder a medios de comunicación, petroleras, inversoras, constructoras, bancos y negocios alimenticios, entre otros. Aunque, lo más escandaloso de este empresario son sus causas judiciales las cuales acumula sin molestia.
- Una de ellas le costó su libertad: la causa conocida como Los Cuadernos de la Corrupción donde se le adjudicó el delito de “asociación ilícita, lavado de dinero y sobornos”, aunque en diciembre del 2021 fue absuelto.
Bien y, ¿Cuál es el problema? Este grupo percibe cifras escandalosos en dólares y “en negro”, según denunció un trabajador del sector que, ante el temor de represalias, pidió mantenerse en el anonimato. Esta declaración fue confirmada por EL ANEXO que, en busca de documentos, licitaciones y facturaciones, no halló nada. Es decir, la productora que pertenece al Grupo Indalo sigue prestando sus servicios al Estado, pero este no está facturando ni declarando qué están abonando los contribuyentes.
¿DÓNDE ESTÁN LAS FACTURAS Y POR QUÉ DEBERÍAN SER PÚBLICAS?
Con innegables equivocaciones e irregularidades, la gestión anterior siempre fue responsable a la hora de cargar cada una de las contrataciones nacionales en la página oficial, en efectivo cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información que tiene como objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública” a través de los siguientes principios:
Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas.
Informalismo: las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento
Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.
Y, entre otros puntos, responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.
Puntualmente, la Resolución 415/2018 exige que se facilite al acceso a los movimientos, contrataciones directas y licitaciones públicas a los ciudadanos argentinos. También, exige la aceleración de estas solicitudes a través de “una metodología para la recepción, procesamiento y respuesta a las solicitudes de acceso a la información que sean requeridas a este Consejo (de la Magistratura)“.
No obstante, nada de esto se está cumpliendo en la gestión actual. Desde que finalizó el mandato de Alberto Fernández, Nación dejó de cargar en la página comprar.gob.ar -de manera diaria- las exigencias de los todos los ministerios.
Oficialmente se desconocen los motivos, aunque este mismo trabajador contó que no se trata más que “un descuido” porque “aún se están acomodando y no entienden cuáles son las tareas”. Este “descuido” esta penado por la ley mencionada anteriormente por lo que debería regularse la situación lo antes posible.
SUELDOS EN DÓLARES Y FACTURAS QUE NO APARECEN
En este caso, según la página de licitaciones públicas, La Corte no presta sus servicios desde el 16 de junio del año pasado, donde le fueron adjudicados $49.167.000,00 por la “producción y realización integral audiovisual de la etapa final de los Juegos Evita 2023”.
Según afirmó el empleado público del área audiovisual, este dato es falso: “Siguen prestando servicios por montos altísimos y no los facturan. Incluso, en el viaje que hizo el presidente junto a su comitiva a la Antártida llevó al equipo de La Corte y les pagaron desde 1000 a 2000 dólares por persona” ($1.225.000,00 a $2.450.000,00 a valor del dólar Blue).
“Con nuestro equipo no solo no faltarían moral y éticamente (como le gusta decir a Milei) manteniendo en su gestión a los ñoquis que dejó el kirchnerismo sino que se hubieran ahorrado mucha plata”, cabe remarcar que estos fondos se desprenden del erario público. “A nosotros nos están pagando aproximadamente 500 dólares al mes” pesificados, lo que da un total de $612.500,00.
Por lo que mantener al equipo afectado se traduciría en un ahorro de más de medio millón y 1 millón de pesos por persona, dependiendo el rango. Entonces, ¿Hay plata o no hay plata? ¿Por qué conservaron un equipo de la gestión anterior que cobra más y cuyo propietario está señalado en las causas de corrupción más polémicas del país? ¿Y por qué todo se hace a escondidas del ojo público?
