Este lunes, el presidente Javier Milei le dio el control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión se formalizó a través del Boletín Oficial a primera hora de este lunes, pero ya estaba tomada desde antes que el Jefe de Estado convocara a los gobernadores al “Pacto del 25 de Mayo”.
El Decreto 215/2024, dicta que el titular de Economía fue nombrado “como fiduciante en representación del ESTADO NACIONAL, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
Sin embargo, el artículo 2° del DNU, indica: “En los casos en los que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio“.
Los argumentos para el traspaso de administración de los fondos serían las visibles irregularidades, según indicó Nación. “el mismo Informe surge la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”, explica.
Y afirma que “se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas”.
Bajo ese pie, el documento oficial concluye: “Mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar -dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.
