El jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió que se restituya un Decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2027 que facilitaba la extradición de delincuentes no residentes e imponía mayores restricciones a los extranjeros que deseen ingresar al país.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, inició vía X (ex Twitter) y luego ahondó en los motivos de su reclamo: “Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga”, sumó.
“Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina. Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, concluyó el mensaje.
En enero de 2017, el entonces presidente de la Nación y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene la “prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” con el que se negaría el ingreso a extranjeros con historial delictivo y se expulsaría a estos mismos con mayor agilidad.
El fundamento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.
La normativa también abarcaba a aquellos que intenten ingresar al país con documentación de dudosa procedencia u omitan información sobre sus antecedentes penales, tanto en el país como fuera de él: “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
Con las modificaciones firmadas por Macri, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años y en el caso de residentes por cometer delitos con pena superior a tres años.
Sin embargo, la normativa fue derogada por el expresidente Alberto Fernández en 2021 bajo el argumento de modificar “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
