El Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal tras verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
La presentación judicial de 14 fojas es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública” y apunta a los representantes de los comedores por “defraudación al Estado” y a los funcionarios (los tres ex ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz) por no hacer un seguimiento correcto de las toneladas de alimentos distribuidos.
Puntualmente, las irregularidades se hallaron en el programa implementado por Alberto Fernández durante la pandemia por coronavirus denominado “Argentina contra el hambre”. “El Plan Argentina contra el Hambre se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos”, explicó el ejecutivo a la hora de lanzar el mismo.
La ayuda alimentaria “se otorgaba por dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios”; sin embargo, “la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería“.
En tanto, este lunes Pettovello informó -sobre la denuncia-: “Nótese que los comedores y merenderos del RENACOM gestionan alimentos (por miles de millones de pesos) que provienen de diversos programas sociales (PNDU, programas de desarrollo social, etcétera), por lo que, sin lugar a duda, el Estado Nacional debería haber controlado en forma eficiente lo que no ocurrió en dichos programas durante los años de gestión”.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, concluye.
